Amnesty International Appeals for Action Feed

Detenidos en peligro si son trasladados a custodia iraquí

Mon, 05 Jan 2009 17:32:19 +0000

El acuerdo firmado entre el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Irak el 14 de diciembre de 2008 abre la posibilidad de que se traslade a miles de detenidos de custodia estadounidense a custodia iraquí.

El Parlamento de Irak ratificó el 27 de noviembre de 2008, tras meses de negociaciones, un Convenio sobre el Estatuto de las Fuerzas que entró en vigor el 31 de diciembre de 2008. En el convenio se prevé, entre otras cosas, la retirada de las tropas estadounidenses de territorio iraquí para fines de 2011.

La información más reciente indica que, a partir del 1 de febrero de 2009, el ejército estadounidense empezará a trasladar a los detenidos que tiene bajo su custodia a la de las autoridades iraquíes. Amnistía Internacional teme que el Convenio sobre el Estatuto de las Fuerzas no establece salvaguardia alguna para los presos que sean trasladados a custodia iraquí.

Hay en la actualidad bajo custodia de las fuerzas estadounidenses en Irak unos 15.500 detenidos en tres centros principales de detención, el mayor de ellos Camp Bucca, al sur del país, en las proximidades de la frontera con Kuwait. La mayor parte de esas personas está encarcelada sin que en su contra se haya formulado cargo alguno y sin haber sido juzgadas; algunas llevan ya más de cinco años privadas de libertad.

Entre los detenidos se encuentran ex miembros del Partido Baaz, así como autoridades de seguridad y militares, que podrían estar especialmente en peligro, como por ejemplo ‘Ali Hassan al-Majeed, Sultan Hashim Ahmad al-Ta’i, Hussain Rashid al-Tikriti y ‘Abdul Ghani ‘Abdul Ghafour, condenados a muerte por delitos como el genocidio y crímenes contra la humanidad. Se teme que sean ejecutados si se los entrega a las autoridades iraquíes.

Bajo custodia de las autoridades iraquíes hay ya miles de personas recluidas, muchas de ellas sin cargos ni juicio y a menudo en condiciones terribles y sin acceso a abogados. Además, se han dictado sentencias de muerte tras juicios que han distado mucho de cumplir los mínimos estándares internacionales de justicia procesal, y a las personas sospechosas por motivos políticos o de seguridad se las somete habitualmente a tortura o malos tratos en las prisiones y centros de detención que están bajo control de las autoridades iraquíes.

Imagen: ©APGraphicsBank

Protejan a la población civil

Tue, 18 Nov 2008 17:18:22 +0000

Más de un millón de civiles, en su mayoría mujeres y niños y niñas, se han visto desplazados por los combates en el este de la República Democrática del Congo. El número total de personas desplazadas internamente en Kivu Septentrional asciende a 1,6 millones, según algunas estimaciones.
La mayoría de estas personas se encuentran en situación desesperada, sin suficientes alimentos, agua, medicinas ni cobijo.

En Kivu Septentrional han continuado los combates a pesar de un alto el fuego que el grupo armado Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) declaró unilateralmente el 29 de octubre.

Amnistía Internacional continúa recibiendo informes sobre graves abusos contra los derechos humanos, como homicidios ilegítimos de civiles, violaciones, reclutamiento forzado y saqueo generalizado en las zonas en conflicto.

Los organismos humanitarios hacen todo cuanto pueden para prestar ayuda a las personas desplazadas internamente, pero están al punto de verse desbordados por la magnitud del sufrimiento existente. Muchas de estas personas se encuentran en zonas inaccesibles, y algunas operaciones humanitarias se han suspendido debido a la fragilidad de las condiciones de seguridad.

Amnistía Internacional manifiesta su satisfacción por la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autoriza el aumento de la dotación militar de la MONUC, la fuerza para el mantenimiento de la paz en la República Democrática del Congo, pero recuerda a la comunidad internacional que la urgencia de la situación humanitaria y de derechos humanos en el este de ese país sigue siendo la misma: cada día de demora se cobra su precio en vidas. Es precisa la urgente aplicación de la resolución.

Amnistía Internacional pide a los Estados que, con carácter de urgencia, realicen aportaciones de tropas y equipo a la MONUC, de forma que todos los efectivos se encuentren sobre el terreno cuanto antes. Los países miembros de la Unión Europea, en particular, deben dar prioridad a las contribuciones bilaterales de equipamiento a la MONUC, como helicópteros y aeronaves de transporte, además de unidades militares especializadas, como personal ingeniero y de inteligencia, así como efectivos de infantería.

Para ayudar a salvar vidas en la República Democrática del Congo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe dar a la protección de civiles una prioridad clara y sólida para la MONUC, y dedicar a ese fin el máximo posible de los recursos y esfuerzos de la MONUC.

Leer más:

ONG piden reunión de la ONU sobre República Democrática del Congo (noticias, 18 de noviembre de 2008)

Foto: Personas desplazadas en el campo de Kibati, Kivu Septentrional, República Democrática del Congo, noviembre de 2008. © UNHCR/P. Taggart

Pena de muerte en Vietnam: Las reformas propuestas son un paso hacia la abolición

Mon, 10 Nov 2008 11:18:24 +0000

Tang Thi Ba, ex tesorera de una oficina local de correos de la provincia vietnamita de Bac Lieu, fue condenada a muerte el 29 de mayo por malversación de fondos, concretamente de 15.000 millones de dong vietnamitas (algo más de 900.000 dólares estadounidenses). Había sido detenida en diciembre de 2006 y había admitido los cargos ante el tribunal.

La fiscalía solicitó la cadena perpetua, pero el tribunal condenó a la acusada a muerte debido al importe del dinero malversado. El 29 de agosto, el tribunal de apelación confirmó la condena a muerte. Tang Thi Ba ha presentado un último recurso al presidente del país para que conmute la pena.

Con arreglo al Código Penal vietnamita, puede imponerse la pena de muerte por 29 delitos, entre otros, delitos económicos como fraude, malversación de fondos, contrabando, falsificación, soborno y fabricación, posesión o tráfico de estupefacientes.

Según informes de los medios de comunicación, al menos tres personas han sido ejecutadas este año en Vietnam y al menos 28 han sido condenadas a muerte. Sin embargo, las autoridades rara vez informan sobre las ejecuciones, por lo que se cree que la cifra real es mucho más elevada. En 2007 fueron ejecutadas más de 25 personas.

En la práctica, Vietnam no respeta las normas internacionales sobre garantías procesales. Con frecuencia, la asistencia letrada se asigna a la persona acusada en el último momento, por lo que apenas se les deja tiempo para preparar el juicio. A la defensa no siempre se le permite llamar o interrogar a testigos y es probable que se restrinja el derecho a consultar en privado con la asistencia letrada. En muchos casos, lo único que puede hacer el abogado de la defensa es pedir un indulto.

El 3 de noviembre, el gobierno presentó enmiendas a algunas disposiciones del Código Penal. En virtud de estas enmiendas, el gobierno proponía eliminar la prescripción de la pena de muerte para los delitos de malversación de fondos, soborno y falsificación de productos (por ejemplo, de alimentos o medicamentos), entre otros, lo cual reduciría a 12 el número de delitos punibles con la muerte.

En opinión del gobierno, para luchar eficazmente contra la corrupción es importante combinar y aplicar simultáneamente varias medidas en lugar de imponer la pena capital.

Amnistía Internacional insta a las autoridades vietnamitas a llevar a cabo las reformas propuestas y a dictar una suspensión de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte.

"En diciembre de 2007, Vietnam se abstuvo en la votación por la que la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución sobre la moratoria del uso de la pena de muerte", afirmó Martin Macpherson, de Amnistía Internacional. "Amnistía Internacional acogió con satisfacción que Vietnam no votara en contra de la resolución.”

"La resolución expresa una honda preocupación por la aplicación de la pena capital. Exhorta a los Estados que todavía la mantienen a que respeten las salvaguardias internacionales que protegen los derechos de las personas condenadas a muerte, a que reduzcan el número de delitos por los que es aplicable la pena capital y a que suspendan las ejecuciones como paso previo a la abolición.”

"En el 63º periodo de sesiones, ya en curso, se presentará una segunda resolución sobre el uso de la pena de muerte, que se someterá a votación en la Tercera Comisión alrededor del 18 de noviembre. Amnistía Internacional pide a Vietnam que se una a la mayoría de países del mundo votando a favor de la suspensión."

Demuestre auténtico liderazgo en derechos humanos

Tue, 04 Nov 2008 20:18:11 +0000

Los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos fueron un crimen contra la humanidad. Desde entonces, Estados Unidos ha cometido a su vez graves violaciones de derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo.

Se ha secuestrado a sospechosos y se los ha trasladado en secreto a centros estadounidenses no revelados o a la custodia a territorio de otros gobiernos donde han sido sometidos a tortura.

Se ha sometido a personas a desaparición forzada. De algunas sigue sin saberse nada.

Se ha recluido de forma extralegal en el centro de detención de la Bahía de Guantánamo a centenares de personas en condiciones que constituyen trato cruel, inhumano y degradante.

Autoridades estadounidenses han reconocido de hecho que su país ha utilizado la tortura y otros malos tratos y que se reservan el derecho de volver a hacerlo.

La respuesta del gobierno de Estados Unidos a las denuncias públicas de estas violaciones de derechos humanos ha sido claramente inapropiada, y lo peor de todo es que su reacción ha servido para ayudar a que los perpetradores quedasen impunes por crímenes contra el derecho internacional.

El presidente electo Barack Obama debe tomar medidas inmediatas tras asumir el cargo para poner fin a estas agresiones contra los derechos humanos.

Jordania: Protege los derechos de las empleadas domésticas migrantes

Tue, 28 Oct 2008 11:49:09 +0000

En Jordania, decenas de miles de empleadas domésticas migrantes sufren aislamiento, explotación y abusos. La protección que reciben del Estado es escasa o inexistente.

Las empleadas domésticas migrantes desempeñan un papel crucial en la economía jordana, ya que contribuyen al bienestar de los hogares en donde trabajan y son una fuente vital de ingresos para su propia familia y comunidad. Muchas de ellas sufren explotación y abusos:

muchas trabajan entre 16 y 19 horas diarias sin ningún día libre;

los abusos físicos, psicológicos y sexuales son un fenómeno corriente;

muchas permanecen cautivas de hecho en la casa de sus empleadores;

muchas mujeres no cobran su escaso sueldo o no perciben una parte de él, en ocasiones durante años.

Hasta este verano, el Código Laboral jordano excluía a las personas empleadas en el servicio doméstico de la protección ofrecida a otros trabajadores, como el salario mínimo, las bajas por enfermedad y los días libres. El Parlamento jordano aprobó varias enmiendas y señaló que se promulgaría una normativa especial con objeto de definir las condiciones laborales del personal doméstico. Esta iniciativa supone un paso adelante, pero se necesitan más medidas para garantizar la protección de los derechos de las empleadas domésticas migrantes en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.

Pide al gobierno de Jordania que garantice que las nuevas medidas protegen de manera efectiva los derechos de estas trabajadoras.

Exige protección adecuada para los derechos de las mujeres en México

Mon, 20 Oct 2008 11:38:09 +0000

En México, una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia física y, en algunos casos, sexual a manos de su pareja. Miles de mujeres corren el riesgo de que se las someta a abusos reiterados porque las medidas de protección, deficientes e inefectivas, no logran garantizar su seguridad.

La violencia doméstica puede provocar secuelas físicas, psicológicas y emocionales, así como graves consecuencias económicas y sociales para las mujeres y sus familias. Cuando tratan de denunciar la situación, muchas se enfrentan a dificultades diversas, como la negativa de los funcionarios a admitir las denuncias, investigaciones inadecuadas y una deficiente aplicación de las medidas para garantizar la protección.

Existen, asimismo, otros factores que disuaden a las mujeres de presentar denuncias, como el miedo a las represalias y las actitudes con gran arraigo social que justifican la violencia contra las mujeres y debilitan su función dentro de la familia y de la sociedad. En cuanto a las órdenes de alejamiento oficiales, la falta, en muchos casos, de efectivos policiales especializados hace que, aunque se lleguen a emitir, no se pueda garantizar su cumplimiento.

Después de que se divorciara en 1993, Marcela Blumenkron llamó en numerosas ocasiones a la policía para denunciar que su ex esposo la amenazaba y la acosaba. Una y otra vez, los agentes del Ministerio Público le aconsejaron que resolviera el asunto directamente con su ex esposo. En una ocasión, cuenta que le dijeron: "Cuando vienes con un morotón, levantaremos la denuncia". En 2005, el ex esposo de Marcela irrumpió en la casa de ella y la apuñaló, lo que la dejó paralítica durante cuatro meses y le causó una lesión neurológica prolongada y reducción de la movilidad.

Aunque hace poco que México promulgó una ley para perseguir la violencia contra las mujeres y muchos estados han seguido su ejemplo, todavía se necesita hacer mucho más o estos cambios significarán muy poco para las mujeres que se encuentran en situación de riesgo. ¡Actúa para exigir que en México se protejan adecuadamente los derechos de las mujeres!

India debe establecer la suspensión de las ejecuciones

Thu, 09 Oct 2008 14:41:33 +0000

Este año, con motivo del sexto Día Mundial contra la Pena de Muerte que se celebra anualmente, Amnistía Internacional y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte pedimos que se ponga fin a la pena capital en la región de Asia y Oceanía.

Amnistía Internacional y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte han escogido seis países como objeto de sus acciones. Se ha elegido a India, Corea del Sur y Taiwán porque han realizado avances en el camino de la abolición. Japón, Pakistán y Vietnam han sido seleccionados por ser países donde existen motivos de preocupación relacionados con la aplicación de la pena capital. Sin embargo, en esta acción nos centramos únicamente en la India.

Cada 10 de octubre desde el año 2003, instituciones y ONG nacionales e internacionales se unen para manifestar su oposición al uso de la pena de muerte y recordar al mundo que su abolición es una lucha universal.

Desde su lanzamiento, el Día Mundial contra la Pena de Muerte ha sido ocasión para centenares de iniciativas organizadas en más de 60 países de cinco continentes, como debates, conciertos, conferencias de prensa, manifestaciones, peticiones y actividades educativas y culturales.

Hasta la fecha, 137 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Sesenta países retienen y usan la pena de muerte, las más de las veces como castigo para personas declaradas culpables de asesinato. Se tiene constancia de que al menos 1.252 personas fueron ejecutadas en 2007 en 24 países, si bien la verdadera cifra fue sin duda muy superior. De las ejecuciones conocidas en 2007, el 88 por ciento se llevaron a cabo en China, Irán, Arabia Saudí, Pakistán y Estados Unidos.

Asia continúa a la cabeza del mundo en ejecuciones. Veintisiete países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica en la región de Asia y Oceanía. Filipinas y las Islas Cook son los últimos países de la región que han abolido la pena capital para todos los delitos, en 2006 y 2007, respectivamente.

En la India, al menos 100 personas fueron condenadas a muerte en 2007 aunque no se llevaron a cabo ejecuciones. A excepción de una ejecución en 2004, no ha habido ejecuciones en este país en los últimos 10 años. En 2008 se concedieron al menos dos conmutaciones.

La pena de muerte es preceptiva en la India, entre otros delitos, para los relacionados con el tráfico de drogas. A pesar de la sentencia dictada en 1980 por el Tribunal Supremo, que falló que la pena de muerte sólo debía aplicarse en los casos “más excepcionales”, existen graves motivos de preocupación relacionados con la arbitrariedad y la discriminación en los procesos que conducen a la condena a muerte de las personas.

En muchas ocasiones, los encausados más pobres disponen de una representación letrada inadecuada. Los motivos de preocupación relativos a la representación letrada en casos en que puede imponerse la pena capital incluyen situaciones en las que los abogados pasan por alto datos clave de incompetencia mental, se abstienen de presentar argumentos en la fase de imposición de la condena, o no defienden adecuadamente la posibilidad de que el acusado fuera menor de 18 años cuando se cometió el delito.

Se han impuesto condenas a muerte a personas que podían ser menores cuando se cometió el delito, así como a personas que padecían una enfermedad mental. También es motivo de preocupación el hecho de que la India haya ampliado el ámbito de aplicación de la pena de muerte en virtud de varias leyes especiales adoptadas después de al adhesión del país al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1979.

Los presos condenados a muerte pueden verse abocados a esperar muchos años mientras sus casos son objeto de una revisión completa. El gobierno de la India no da a conocer cuántas personas han sido ejecutadas y cuántas están en espera de ejecución actualmente. Las ejecuciones se llevan a cabo por ahorcamiento. En los últimos 20 años se ha reducido el número de ejecuciones que tienen lugar en el país.

Amnistía Internacional y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte creen que existe actualmente un impulso para empujar a la región de Asia hacia la abolición. La atención preferente sobre Asia respaldará la campaña de Amnistía Internacional "Cuenta atrás para un mundo sin pena de muerte", ya que algunos de los países seleccionados como destinatarios de las acciones del Día Mundial contra la Pena de Muerte de 2008 están incluidos en la campaña de AI sobre la pena capital.

Amnistía Internacional pide por tanto al gobierno de la India que establezca con carácter inmediato una moratoria de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte, tal como dispone la Resolución 62/149 de la Asamblea General de la ONU.

El “Festival gay de Sarajevo” se celebra rodeado de violencia

Tue, 23 Sep 2008 13:47:16 +0000

(Actualizado el 30/09/2008)

El primer “Festival gay de Sarajevo” comenzó el 24 de septiembre de 2008 y su programa incluía exposiciones, actuaciones, debates públicos y proyección de películas. Sin embargo, ocho personas resultaron heridas tras sufrir agresiones al final del primer día del festival, lo que obligó a sus organizadores, la ONG Udruženje Q, a cerrar al público el resto del evento y, en último término, a cancelarlo.

Durante los preparativos del festival, algunos políticos y ciertos sectores de los medios de comunicación en Bosnia y Herzegovina crearon un clima de hostilidad que legitimó los ataques contra las personas que organizaron y participaron en él. En Internet, varios sitios web animaban a linchar a los organizadores, apedrearlos, rociarlos con gasolina o expulsarlos del país. También se hicieron llamamientos a la ciudadanía para que perturbase el desarrollo del evento. Se temió que estos hechos pudieran incitar a la violencia en torno al festival.

En una carta enviada antes del comienzo del festival al primer ministro de Bosnia y Herzegovina, Nikola Špiric, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el clima de creciente intimidación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero que se vivía en el país, y le pidió que garantizase la protección de los derechos de este colectivo.

Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha recibido ninguna respuesta. La evidente falta de medidas adecuadas de las autoridades para garantizar la celebración del festival en un clima sin violencia ni intimidaciones muestra que no se siguieron las recomendaciones de la organización.

Amnistía Internacional ve con preocupación las amenazas de muerte que se han vertido de forma continuada en Internet contra activistas de los derechos de los gays, entre ellas un fragmento de vídeo colgado en YouTube que mostraba imágenes manipuladas digitalmente en las que una de las organizadoras del festival era decapitada. Varios medios de comunicación locales, entre ellos Dnevni Avaz, Nezavisne Novine y Oslobodjenje, han puesto en peligro la seguridad de los participantes al publicar los nombres de todas las personas que resultaron heridas en los ataques.

Amnistía Internacional insta a las autoridades a iniciar sin demora una investigación exhaustiva sobre los ataques y a poner a los responsables a disposición judicial. La organización también pide a las autoridades que garanticen debidamente la seguridad de los organizadores y participantes en el festival, aún después de su conclusión.

Italia debe poner fin a la discriminación contra la población romaní

Wed, 10 Sep 2008 13:29:49 +0000

Desde 2007, las comunidades y asentamientos romaníes ubicados en Italia han sido discriminados de forma continuada. Las autoridades italianas han tomado una serie de medidas desproporcionadas y discriminatorias en nombre de la "seguridad" que discriminan de facto a la minoría romaní. Asimismo, han puesto en marcha recientemente una iniciativa para reunir las huellas dactilares de todos los habitantes, tanto adultos como menores, de los asentamientos romaníes del país.

A menudo estas medidas van acompañadas de discursos discriminatorios hacia los romaníes pronunciados por

políticos tanto en el ámbito local como nacional, y de un trato despectivo por parte de los medios de comunicación locales y nacionales. La estigmatización y el miedo que se han ido sembrando han creado un clima en el que los ataques a personas se toleran cada vez más. Los romaníes han sido víctimas de varios ataques llevados a cabo por muchedumbres, en los que se los agredió física y verbalmente y se prendió fuego a los asentamientos.

El 11 de mayo de 2008 en Novara, ciudad próxima a Milán, varias personas arrojaron cócteles molotov contra un asentamiento romaní.

El 13 de mayo de 2008, después de que se detuviera a una adolescente romaní a la que se había sorprendido en el interior de un apartamento tratando, presuntamente, de secuestrar a un bebé de seis meses, una multitud enfurecida salió a las calles del barrio de Ponticelli, situado en la periferia de Nápoles, y expulsaron de tres asentamientos de la zona a todas los romaníes que encontraron. Se arrojaron cócteles molotov contra los asentamientos, que fueron arrasados por el fuego en su mayor parte, lo que obligó a más de 500 romaníes, la mitad de los cuales eran menores de edad, a abandonarlos. La imagen supra muestra lo que queda de un asentamiento romaní de Ponticelli.

En los meses de junio y julio de 2008 se produjeron ataques parecidos.

A la luz de estos sucesos, Amnistía Internacional insta a las autoridades italianas a que dejen de pronunciar discursos denigrantes contra la población romaní y a que tomen todas las medidas necesarias para proteger a esta comunidad y para garantizar su inclusión activa en la sociedad.

La organización pide a las autoridades a que pongan fin a los ataques perpetrados contra la comunidad romaní por actores no estatales y a que garanticen que se investigarán exhaustivamente todos los ataques cometidos contra asentamientos romaníes y que se llevará ante la justicia a los autores.

Las autoridades deben asegurarse, asimismo, de que la clase política, ya sea a nivel local o nacional, no justifique los ataques cometidos contra los asentamientos romaníes.

¡Escribe al ministro del Interior para manifestar tu rechazo!

Bielorrusia debe respetar la libertad de reunión, asociación y expresión

Wed, 20 Aug 2008 13:45:34 +0000

Video placeholder

Durante 2007, la membresía, los grupos de jóvenes y los simpatizantes de Amnistía Internacional enviaron más de 11.000 grullas de papel a las autoridades bielorrusas.

Además, se envió al Ministerio del Interior bielorruso una grulla gigante creada por jóvenes de Amnistía Internacional México.

Estas grullas formaban parte de una campaña internacional en favor de la liberación de un joven activista, Zmitser Dashkevich, condenado a un año y medio de prisión por “organizar o participar en las actividades de una organización no inscrita”.

Zmitser Dashkevich, líder del movimiento de oposición Frente Juvenil, fue condenado en noviembre de 2006 en virtud del artículo 193.1 del Código Penal bielorruso. Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia.

Tras la campaña de las grullas de papel (véase el vídeo), Zmitser Dashkevich (en la foto) quedó en libertad anticipadamente, el 23 de enero de 2008.

Desde su entrada en vigor en diciembre de 2005 por decreto presidencial, el artículo 193.1 ha permitido sancionar a organizaciones de la sociedad civil y a otros grupos no inscritos por sus actividades. La organización de actividades de ONG no inscritas, o la participación en ellas, se han convertido en delitos punibles con penas de hasta dos años de prisión.

En virtud del artículo 193.1, las autoridades bielorrusas han detenido, recluido y condenado a activistas y miembros de ONG, en su mayoría jóvenes, por haber ejercido sus derechos a la libertad de reunión, asociación y expresión. Desde entonces se ha amonestado, multado y encarcelado a numerosos activistas.

Las personas condenadas pasan a tener antecedentes penales, que se cancelan una vez transcurridos dos años. Esta circunstancia puede ser fuente de nuevos problemas, como la expulsión de instituciones académicas, la discriminación en el ámbito laboral o la prohibición de salir del país.

En Bielorrusia es extremadamente dificultoso registrar una ONG. Por ejemplo, los activistas del Frente Juvenil han intentado en repetidas ocasiones legalizar su organización, nacida hace más de diez años, pero el Ministerio de Justicia ha rechazado todas sus solicitudes.

En esas circunstancias, las ONG se ven obligadas a llevar a cabo sus labores legítimas en condiciones adversas, bajo la amenaza constante del hostigamiento de las autoridades. El artículo 193.1 ha venido a reforzar la capacidad de las autoridades de entorpecer, hostigar e intimidar a los activistas de la sociedad civil que ejercen pacíficamente sus derechos humanos.

Sin embargo, desde que Amnistía Internacional empezó a organizar actividades de campaña contra el artículo 193.1, las autoridades bielorrusas han dejado de imponer penas de prisión.

Durante su campaña por la liberación de Zmitser Dashkevich, la organización ha observado que, si bien las autoridades siguen deteniendo a personas y presentando cargos en su contra en virtud del artículo 193.1, los procesos judiciales desembocan en multas o amonestaciones, y no en penas de prisión.

Esto indica un cambio por parte de las autoridades bielorrusas, posiblemente debido a la presión internacional. Para aprovechar esa presión, Amnistía Internacional está instando al gobierno bielorruso a dar un paso más y abolir inmediatamente el artículo 193.1.

Asimismo, la organización pide al gobierno bielorruso que revise otras leyes, normativas y prácticas relacionadas con el registro y las actividades de las ONG, que deje de entorpecer, hostigar e intimidar a los activistas de la sociedad civil que ejercen pacíficamente sus derechos humanos en Bielorrusia, y que cese en la práctica de expulsar a estudiantes, de forma temporal o permanente, de las instituciones académicas exclusivamente por haber ejercido pacíficamente sus derechos humanos.