Good news

El Tribunal Supremo de Camboya libera a los chivos expiatorios del asesinato de un sindicalista

Mon, 05 Jan 2009 16:04:13 +0000

Dos hombres condenados injustamente en Camboya por el asesinato del dirigente sindical Chea Vichea, han quedado en libertad bajo fianza tras casi cinco años en prisión. Tras un proceso judicial que adoleció de numerosas deficiencias, el Tribunal Supremo acabó viendo su causa el 31 de diciembre.

Según la información proporcionada por observadores del juicio y por la prensa, el presidente del Tribunal Supremo desestimó la declaración de culpabilidad y ordenó la celebración de un nuevo juicio ante el Tribunal de Apelación.

Brittis Edman, investigadora de Amnistía Internacional para Camboya, ha declarado: "La decisión del Tribunal Supremo ha sido una medida muy bien acogida en el camino hacia la justicia. Lo que importa ahora es que el Tribunal de Apelación emprenda con carácter de urgencia una nueva investigación que sea imparcial y efectiva para que se encuentre a los verdaderos autores del asesinato y sean puestos a disposición de la justicia."

Born Samnang y Sok Sam Oeun fueron detenidos como sospechosos de asesinato poco después de que a Chea Vichea lo mataran a tiros frente a un establecimiento de prensa en el centro de Phnom Penh el 22 de enero de 2004.

Ambos fueron condenados a sendas penas de 20 años de cárcel pese a que tenían argumentos de inculpabilidad por hallarse en el momento del crimen en otro lugar. Tanto su detención como juicio estuvieron plagados de violaciones de derechos humanos, entre ellas torturas y otros malos tratos.

La policía no realizó una investigación exhaustiva ni imparcial y los muy irregulares procedimientos judiciales que se siguieron contra ellos se basaron en pruebas sin fundamento e inadmisibles.

El Tribunal de Apelación confirmó la declaración de culpabilidad el 6 de abril de 2007, pese a que el fiscal había reconocido la insuficiencia de las pruebas.

Amnistía Internacional ha aducido desde hace mucho tiempo que los verdaderos autores del asesinato estaban en libertad. El Sindicato Libre de Trabajadores del Reino de Camboya, del que Chea Vichea era presidente, había pedido también en reiteradas ocasiones la libertad de Born Samnang y Sok Sam Oeun.

Brittis Edman concluye: “Es urgente la necesidad de que se emprenda una investigación que hace mucho debía haberse realizado sobre la forma en que se gestionó este caso, en la que se indaguen especialmente las denuncias de tortura a manos de la policía, prácticas intimidatorias de testigos e injerencias políticas en el proceso judicial”.

Crece en la ONU el clamor por el fin de las ejecuciones

Thu, 18 Dec 2008 17:27:41 +0000

El jueves 18 de diciembre, 106 Estados miembros de las Naciones Unidas votaron de forma abrumadora a favor de una segunda resolución sobre una “Moratoria del uso de la pena de muerte", que reafirma el llamamiento realizado por la Asamblea General el año pasado en pro de una suspensión de las ejecuciones.

Este año, 106 Estados votaron a favor de la resolución, 46 votaron en contra y 34 se abstuvieron. Los resultados de 2007 fueron: 104 a favor, 54 en contra y 29 abstenciones.

"Este aumento del apoyo refuerza la tendencia, sólida y forjada desde hace tiempo, hacia la abolición mundial de la pena de muerte", afirmó Martin Macpherson, de Amnistía Internacional.

Cuando en 1948 se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, ocho países habían abolido la pena capital en la ley o en la práctica. Sesenta años más tarde, en diciembre de 2008, la cifra asciende a 137.

Más de dos tercios de los países del mundo han abolido la pena de muerte y la cifra de países abolicionistas continúa subiendo.

"La tendencia hacia la abolición es inequívoca”, declaró Martin Macpherson. "Puede apreciarse en todas las regiones del mundo".

En Asia Central hay una tendencia clara hacia la abolición. Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán conservaron la pena de muerte cuando se independizaron en 1991. Sin embargo, en diciembre de 2008, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán ya habían abolido la pena capital. La Federación Rusa y Tayikistán han suspendido las ejecuciones y las condenas a muerte.

Europa es una región en la que prácticamente se ha abolido la pena capital, con la única excepción de Bielorrusia.

En África también se ha puesto fin en gran medida a las ejecuciones: en 2007, sólo 7 de los 53 Estados miembros de la Unión Africana llevaron a cabo ejecuciones de que se tenga conocimiento: Botsuana, Egipto, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Libia, Somalia y Sudán.

En noviembre de 2008, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó una resolución en la que pedía a los Estados africanos que observaran una moratoria del uso de la pena de muerte. Éste es un paso importante para convertir la Unión Africana en un continente sin pena capital.

En el seno de la Liga Árabe, varios países –Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Omán y Mauritania– se abstuvieron, en lugar de votar en contra de la resolución. En el ámbito nacional, se han presentado proyectos de ley abolicionistas en Argelia, Líbano y Túnez.

En la región de Asia y Oceanía, la cifra total de países que ha abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica asciende a 27. El 21 de mayo de 2008, el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo Popular de China emitieron conjuntamente una normativa para regular la función de los abogados defensores en los casos por delitos punibles con la muerte.

Según un alto cargo del Tribunal Supremo Popular, el Tribunal ordenó que se volvieran a celebrar juicios en aproximadamente el 15 por ciento de las condenas a muerte dictadas por tribunales superiores populares en el primer semestre de 2008. Sin embargo, ha sido imposible confirmar esta afirmación porque los datos relativos al uso de la pena de muerte en China se consideran un secreto de Estado y no se ponen a disposición del público.

En Corea del Sur no ha habido ejecuciones desde 1998 y se está sometiendo a examen un proyecto de ley sobre la abolición de la pena capital. Por su parte, Vietnam está revisando el número de delitos punibles con la muerte.

El continente americano también se ha librado prácticamente de las ejecuciones. Desde 2003, sólo Estados Unidos continúa realizando ejecuciones de forma habitual. Los únicos países, además de Estados Unidos, que han llevado a cabo ejecuciones en este siglo son Cuba en 2003, Guatemala en 2001 y Bahamas en 2000.

Aunque 10 países del Caribe de habla inglesa conservan la pena de muerte en la legislación, han suspendido por el momento las ejecuciones. América Central y del Sur están prácticamente libres de la pena de muerte: sólo Guatemala, Belice y Guyana retienen la pena capital.

El 29 de abril de 2008, el presidente cubano Raúl Castro anunció en un discurso de clausura del VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba que prácticamente todas las condenas a muerte dictadas en el país serán conmutadas por cadena perpetua o penas de 30 años de prisión.

En Estados Unidos se observa un avance del rechazo a la pena de muerte. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte informó de que la cifra anual de condenas a muerte ha descendido un 60 por ciento desde los años noventa. En 2008 tuvieron lugar 37 ejecuciones, la cifra más baja en 14 años y la continuación de una tendencia descendente que comenzó en el año 2000.

En la semana del 15 de diciembre de 2008, la Comisión sobre la Pena Capital de Maryland emitió su informe final, en el que pedía que se pusiera fin a la pena de muerte, con lo que Maryland se ha convertido en el último estado que avanza hacia la abolición. Son 14 los estados de Estados Unidos que no tienen la pena capital.

Ovación en Parlamento Europeo a disidente chino encarcelado

Wed, 17 Dec 2008 17:47:24 +0000

El miércoles 17 de diciembre, el Parlamento Europeo celebró la entrega de su premio más importante en derechos humanos, el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, al disidente chino encarcelado Hu Jia. Los asistentes al acto han permanecido de pie durante un minuto para ovacionar al galardonado mientras se colocaba el premio ante un asiento vacío como señal de homenaje en su ausencia.

La eurocámara escuchó un mensaje de vídeo de la esposa de Hu Jia, Zeng Jinyan, que expresó su gratitud al Parlamento Europeo por el reconocimiento que éste le otorgaba a su marido, de 35 años. Asistieron a la ceremonia Elena Bonner, viuda del disidente de la era soviética Andréi Sájarov, que ha dado nombre a este premio, y personas galardonadas en ediciones anteriores.

Mensaje de vídeo de Zeng Jinyan (2ª parte en Youtube)

Hu Jia, uno de los activistas de derechos humanos y del medio ambiente más famoso de China, fue condenado a tres años y medio de cárcel el 3 de abril de 2008 por “incitar a la subversión”, y cumple condena en una prisión de Pekín.

Hu Jia fue uno de los fundadores de Fuente de Amor, organización popular con sede en Pekín dedicada a ayudar a niños y niñas de familias afectadas por el VIH/sida. Junto con su esposa, Zeng Jinyan, informaba habitualmente a periodistas y organizaciones de derechos humanos del extranjero sobre abusos cometidos en China.

Su familia teme que no esté recibiendo en prisión la debida atención médica para la afección hepática que padece, y las autoridades han denegado una solicitud presentada para que lo dejen en libertad condicional por motivos médicos.

Zeng Jinyan y la hija de un año de la pareja están sometidas a estrecha vigilancia policial. A la entrada de su casa hay agentes apostados que limitan las visitas y que las siguen cuando salen a la calle. Durante los Juegos Olímpicos, las llevaron a vivir fuera de Pekín.

Amnistía Internacional considera a Hu Jia preso de conciencia y ha pedido que sea excarcelado de inmediato y sin condiciones y que se ponga fin al hostigamiento de que son objeto su esposa y su hija. La organización ve en la concesión de este premio a Hu Jia un importante reconocimiento a su trabajo y a la labor de todos los activistas de China que denuncian abiertamente los abusos contra los derechos humanos.

Las autoridades libias liberan a varios presos y permiten viajar a un disidente

Mon, 15 Dec 2008 16:17:10 +0000

Las autoridades libias han permitido a Idriss Boufayed, activista en pro de las reformas políticas, viajar a Suiza para recibir tratamiento médico contra el cáncer. Este hombre, que critica abiertamente a Muamar al Gadafi y que ocupó el cargo de secretario general de la organización Unión Nacional para la Reforma, quedó en libertad el 10 de octubre por motivos humanitarios, pero necesitaba someterse a un tratamiento no disponible en Libia.

Salió del país el jueves 11 de diciembre con rumbo a Suiza, donde ya había estado exiliado anteriormente. La noticia de su permiso para viajar llega días después de la puesta en libertad de ocho presos de conciencia detenidos y juzgados junto con Idriss Boufayed.

Idriss Boufayed y otros 10 hombres fueron detenidos el 10 de junio por "intentar derrocar el sistema político” y por “comunicarse con potencias enemigas”. El Tribunal de Seguridad del Estado los condenó a entre 6 y 25 años de prisión en una vista que no cumplió las normas sobre juicios justos.

Los acusados no tuvieron derecho a contar con asistencia letrada de su elección, salvo Jamal el-Haji, que sí pudo elegir a un abogado privado. Tampoco tuvieron acceso a los defensores de oficio fuera de la sala de juicio.

Amnistía Internacional cree que los cargos presentados están relacionados con la publicación de un comunicado en varios sitios web de noticias el 23 de enero de 2007, firmado por Idriss Boufayed y otros tres hombres (Al-Mahdi Saleh Hmeed, Ahmed Youssef al-Obaidi y Bashir Qasem al-Hares) y en el que anunciaban que tenían previsto celebrar una manifestación pacífica en Trípoli el 17 de febrero de 2007.

La manifestación pretendía conmemorar el primer aniversario de un acto celebrado en Bengasi en el que murieron al menos 12 personas y decenas más resultaron heridas. En febrero de 2007 fueron detenidos 14 hombres en relación con la convocatoria de la manifestación.

Ocho de los detenidos quedaron en libertad el 7 de diciembre de 2008, pero no se les notificó oficialmente los motivos de su liberación: Ahmed Youssef al-Obaidi, Al-Mahdi Saleh Hmeed, Al-Sadeq Saleh Hmeed, Farid Mohammed al-Zwai, Alaa al-Drissi, Bashir Qasem al-Hares, Ali Saleh Hmeed y al-Sadiq Qeshoot.

Se han recibido informes según los cuales la Fundación Gadafi para el Desarrollo, presidida por Saif al Islam al Gadafi, hijo de Muamar al Gadafi, intervino en la negociación por la liberación de estos hombres.

Amnistía Internacional, que condenó en su momento las detenciones y las declaraciones de culpabilidad, ha acogido con satisfacción el reciente desarrollo de los acontecimientos. La organización ha pedido la liberación de los 11 detenidos, pues los considera a todos presos de conciencia.

En su valoración positiva de la liberación de los ocho presos de conciencia el 7 de diciembre, Amnistía Internacional hizo hincapié en que la puesta en libertad tiene que ser incondicional y en que estos hombres deben disfrutar plenamente de sus derechos civiles y políticos.

Jamal el-Haji y Faraj Saleh Hmeed, detenidos en el mismo momento que los demás y condenados a 12 y 15 años de prisión respectivamente, siguen en la cárcel.

"A la organización le preocupa que Jamal el-Haji y Faraj Saleh Hmeed continúen en prisión”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, de Amnistía Internacional. "Pedimos su excarcelación inmediata e incondicional, pues los consideramos presos de conciencia, condenados exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de reunión.”

La organización continúa gravemente preocupada por Abdelrahman Al Qateewy, que sigue en paradero desconocido desde que fue detenido en relación con la misma manifestación.

El Tribunal Supremo de Brasil confirma los derechos de los pueblos indígenas

Fri, 12 Dec 2008 14:46:39 +0000

La decisión del Tribunal Supremo de Brasil del pasado miércoles 10 de diciembre confirma los derechos de los pueblos indígenas sobre la reserva de Raposa Serra do Sol, en la frontera entre Brasil y Guyana/Venezuela. La decisión se ha considerado como una victoria para todos los pueblos indígenas del país.

La decisión del Supremo es un hito en la batalla que durante 30 años vienen librando los pueblos indígenas makuxi, wapixana, ingarikó, taurepang y patamona para que se reconozca su derecho constitucional a sus tierras ancestrales.

Raposa Serra do Sol es una reserva indígena de 1,7 millones de hectáreas, hogar de 20.000 indígenas, la mayoría de ellos macaxis. En abril de 2005, el presidente Lula reconoció legalmente su carácter de reserva, poniendo fin así a una lucha de 30 años por el reconocimiento de las tierras.

Durante esos años, al menos 20 indígenas murieron y cientos más recibieron palizas y perdieron sus hogares y animales a manos de terratenientes locales, colonos y miembros de la policía militar.

El gobierno estatal sigue oponiéndose al proceso de demarcación, apoyando los asentamientos ilegales en la zona y a los arroceros, quienes, a pesar de habérseles ofrecido una indemnización por abandonar la zona, han continuado ilegalmente con sus explotaciones en las tierras indígenas. Altos cargos del ejército también han criticado la existencia de la reserva por considerarla una amenaza a la soberanía nacional.

En abril, el Tribunal Supremo suspendió una operación de la policía federal de desalojo de arroceros hasta que ser resolviera un recurso interpuesto contra el proceso de ratificación por el gobierno del estado y algunos diputados federales. En agosto se suspendió la vista en el Tribunal Supremo tras pedir uno de los magistrados tiempo para estudiar más a fondo el asunto.

Ocho de los once jueces del Supremo votaron a favor de mantener la demarcación original de la reserva indígena de Raposa Serra do Sol –cuya constitucionalidad había sido impugnada por los políticos estatales y los agricultores locales– como una zona única sin divisiones. Sin embargo, la resolución definitiva del caso se ha aplazado hasta el año próximo tras pedir uno de los magistrados restantes tiempo adicional para estudiar en más profundidad el asunto.

Si bien esta decisión, adoptada por la mayoría de votos de los magistrados del alto tribunal, garantiza la integridad de la reserva, Amnistía Internacional ha manifestado su inquietud en relación con el aplazamiento de la decisión definitiva. Esa demora supone que la orden de desalojo dictada contra los cultivadores de arroz a gran escala, que operan ilegalmente en la reserva, quedará de nuevo en suspenso un plazo adicional.

Los arroceros han protagonizado actos de agresión e intimidación contra los pueblos indígenas que viven en la reserva de Raposa Serra do Sol. Por ejemplo, en mayo de 2008, unos enmascarados arrojaron cócteles molotov y dispararon hiriendo a 10 indígenas. Más recientemente ha habido otros informes de ataques con cócteles molotov, y también de disparos al aire realizados por hombres que pasaban en motocicleta cerca de las zonas indígenas.

Patrick Wilcken, del equipo de investigación y acción sobre Brasil en Amnistía Internacional, ha declarado: “Es fundamental que todos estos incidentes se investiguen minuciosamente y que se proporcione total protección a los pueblos indígenas mientras se espera la decisión final de Tribunal Supremo.”

Amnistía Internacional ha pedido también al gobierno de Brasil que desarrolle la decisión del Tribunal Supremo completando el proceso de ratificación de las tierras cuya situación aún queda pendiente, y que debería haber concluido hace tiempo, como las de los guaraníes en Mato Grosso do Sul.

“Ese será el único modo de garantizar el fin de la violencia y de la privación de social que siguen sufriendo los pueblos indígenas", concluye Patrick Wilcken.

El acceso a la justicia por violación de todo derecho se hace realidad

Thu, 11 Dec 2008 11:38:57 +0000

La comunidad internacional ha celebrado el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptando un instrumento histórico, que garantiza el acceso a la justicia a toda persona a quien se niegue la posibilidad de interponer un recurso en su país por violación de sus derechos económicos, sociales y culturales.

El pasado miércoles, la Asamblea General de la ONU aprobó por consenso el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y corrigió desequilibrios históricos.

Junto con otros miembros de la Coalición de ONG por un Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Amnistía Internacional ha estado haciendo campaña en favor de este instrumento pionero durante los últimos cuatro años. La organización cree que el acceso a la justicia es un derecho esencial de las víctimas de violaciones de todos los derechos humanos.

La elaboración y adopción del Protocolo Facultativo representan la culminación de cinco años de negociaciones, y el texto final acordado es el resultado de la cooperación, el consenso y las concesiones de todos los Estados.

Amnistía Internacional ha felicitado a la presidenta del grupo de trabajo y ha expresado su agradecimiento a la abrumadora mayoría de Estados miembros de la ONU que han apoyado este instrumento.

Muchas personas de todo el mundo sufren violaciones de sus derechos, incluido el derecho a una vivienda adecuada, alimentos, agua y servicios sanitarios, salud, educación y trabajo digno, pero se les niega la capacidad y la facultad de hacer rendir cuentas a los responsables. En particular encuentran dificultades para acceder a la justicia las personas que viven en la pobreza y otros grupos marginados.

Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados que garanticen que este avance histórico en los esfuerzos por hacer respetar los derechos económicos, sociales y culturales se hace realidad para todas las personas cuyos derechos son violados. La organización insta a todos los Estados a que se hagan parte en el Protocolo Facultativo cuando quede abierto a la ratificación en 2009 y garanticen que entra en vigor lo antes posible.

Amnistía Internacional es miembro de la Coalición de ONG por un Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La carrera por la ratificación de la histórica prohibición de las bombas de racimo

Tue, 09 Dec 2008 11:55:11 +0000

En la ceremonia celebrada la semana pasada para firmar la Convención sobre Municiones en Racimo –que prohíbe la producción, el almacenamiento, el uso y la exportación de bombas de racimo–, cuatro países ratificaron también el tratado.

Noruega, Irlanda, Sierra Leona y la Santa Sede firmaron y ratificaron la Convención en la conferencia celebrada en Oslo la semana pasada. El tratado no podrá entrar en vigor hasta que lo hayan ratificado 30 países. En total, 94 países lo han firmado ya, entre ellos tres de los más afectados por el uso de bombas de racimo: Afganistán, Líbano y Laos.

“Esta prohibición histórica reducirá enormemente el devastador impacto de las municiones de racimo sobre los derechos humanos. Ahora, es fundamental que los Estados ratifiquen la Convención para que pueda entrar en vigor sin demora”, ha manifestado Brian Wood, responsable de investigación sobre control de armas de Amnistía Internacional.

Se espera que en los próximos meses se añadan nuevas firmas. Los activistas de la sociedad civil predicen que al menos un centenar de Estados firmarán finalmente el tratado. Tras la ceremonia de firma de Oslo, el tratado irá ahora a las Naciones Unidas, en Nueva York.

El tratado, que se negoció en Dublín en mayo de 2008, establece que los Estados deben prestar ayuda adecuada a las víctimas de las municiones de racimo, y deben asimismo destruir las armas de este tipo que tengan almacenadas.

Durante más de 40 años, las bombas de racimo han matado y herido a personas inocentes, y han causado un sufrimiento, unas pérdidas y unas privaciones incalculables a miles de personas en más de 20 países. Estas armas causan la muerte y lesiones a civiles no sólo durante los ataques, sino también durante años después de ser lanzadas, a causa de la contaminación mortal que provocan cuando no detonan en el momento del impacto.

Estas armas causaron en Irak en 2003 y en Kosovo en 1999 más bajas civiles que cualquier otro sistema de armamento. Su uso masivo por parte de Israel en Líbano en agosto de 2006 mató a más de 200 civiles en el año siguiente al alto el fuego. En Líbano, además de municiones de racimo estadounidenses, también se encontraron municiones de racimo de cohetes chinos tipo 81 de 122 mm, y submuniciones MZD-2 de esos mismos cohetes.

Una munición de racimo es un arma compuesta por múltiples submuniciones explosivas que se liberan de un recipiente. Las bombas de racimo dificultan la reconstrucción y la rehabilitación después del conflicto, y el peligroso trabajo de eliminarlas absorbe fondos que podrían dedicarse a otras necesidades humanitarias urgentes. El aspecto y el tamaño de estas bombas las hace especialmente atractivas, pues parecen juguetes. Se calcula que el 60 por ciento de las bajas civiles que provocan son niños y niñas.

Los países que firmaron la Convención sobre Municiones en Racimo en Oslo el 3 y 4 de diciembre son: Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Benín, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Canadá, Chad, Chile, Colombia, Comoras, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Filipinas, Fiyi, Francia, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Honduras, Hungría, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Italia, Japón, Kenia, Laos, Lesoto, Líbano, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malí, Malta, México, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nauru, Nicaragua, Níger, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, República Checa, República del Congo, República de Moldavia, República Unida de Tanzania, la ex República Yugoslava de Macedonia, Ruanda, Samoa, San Marino, la Santa Sede, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Togo, Uganda, Uruguay y Zambia.

La Comisión Africana pide moratoria de la pena capital

Fri, 05 Dec 2008 12:21:49 +0000

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Comisión Africana) ha adoptado una resolución en la que pide a todos los Estados africanos que aún mantienen la pena capital que “observen una suspensión de la ejecución de las condenas a muerte con vistas a la abolición de la pena de muerte”.

La resolución fue adoptada en el 44º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Africana, celebrado en Abuya (Nigeria), unos días después de que el Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU votara a favor de una resolución similar sobre una suspensión de las ejecuciones. Esta medida constituye un paso importante para convertir la Unión Africana (UA) en una zona totalmente libre de la pena capital.

En la resolución se expresa preocupación por el hecho de que algunos Estados africanos no hayan “hecho efectiva las resoluciones de la ONU y la resolución de 1999 de la propia Comisión Africana en la que se pide una suspensión de las ejecuciones”, así como por la aplicación de “la pena de muerte en condiciones en las que no se respeta el derecho a un juicio justo garantizado por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otras normas internacionales aplicables.”

Con la adopción de esta resolución, la Comisión Africana se alinea con la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte y respalda el llamamiento a los Estados africanos que aún mantienen la pena de muerte para que demuestren su compromiso observando una suspensión de las ejecuciones como primer paso necesario para la abolición.

Martin MacPherson, director del Programa de Derecho Internacional y Organizaciones Internacionales de Amnistía Internacional, ha manifestado: “La resolución de la Comisión Africana representa una base firme para que el Estado actúe, tanto individual como colectivamente, a fin de observar una suspensión de las ejecuciones con vistas a la abolición en última instancia de la pena capital.”

“En línea con la resolución de la Comisión Africana, Amnistía Internacional hace un llamamiento a los Estados miembros de la UA para que respalden totalmente las votaciones que tendrán lugar en el pleno de la Asamblea General de la ONU a favor de una resolución sobre una suspensión de las ejecuciones, cuya celebración se prevé para la semana del 15 de diciembre de 2008.”

“Por otra parte, la Comisión Africana debe asimismo vigilar regularmente la implementación de la resolución a escala nacional. Los Estados africanos deben igualmente respaldar al Grupo de Trabajo sobre la Pena de Muerte de la Comisión Africana, participar en sus tareas y colaborar con él a fin de que cumpla sus mandatos de forma efectiva y eficaz, así como llevar a la práctica todas las recomendaciones de dicho Grupo de Trabajo.”

La Comisión Africana también hizo notar que 27 Estados parte de la Carta Africana ya han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica, mientras que sólo seis han ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre la abolición de la pena de muerte.

Los Estados miembros de la UA que aún mantienen la pena de muerte son Botsuana, Burundi, Camerún, Chad, Comoras, Congo (República Democrática), Egipto, Etiopía, Guinea, Guinea Ecuatorial, Lesoto, Libia, Nigeria, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Uganda y Zimbabue.

Firmado en Oslo un tratado histórico sobre las bombas de racimo

Wed, 03 Dec 2008 18:03:21 +0000

Durante una ceremonia celebrada en Oslo el miércoles 3 de diciembre de 2008, 92 Estados firmaron la Convención sobre Municiones en Racimo, que prohíbe la producción, el almacenamiento, el uso y la exportación de bombas de racimo.

Se espera que el jueves, al continuar la conferencia, más Estados se unan con su firma. Los activistas de la sociedad civil predicen que al menos un centenar de Estados firmarán finalmente el tratado, que establece también que los Estados deben prestar ayuda adecuada a las víctimas de estas armas. El tratado se negoció en Dublín en mayo de 2008, y debe ser ratificado por 30 países antes de entrar en vigor.

Este tratado constituye una victoria histórica para los activistas de la sociedad civil. Centenares de ONG –entre ellas Amnistía Internacional– y supervivientes de explosiones indiscriminadas de bombas de racimo han apoyado la campaña mundial y se han unido a la Coalición sobre las Municiones de Racimo, creada en 2003.

El gobierno estadounidense saliente boicoteó las negociaciones y se ha negado a firmar el tratado. Rusia China y Eslovaquia también se han negado a firmar. Sin embargo, Afganistán, que ha seguido las negociaciones pero ha manifestado que no firmaría la Convención, acaba de dar luz verde al texto desde Kabul.

“Este tratado ayudará a estigmatizar el uso de estas armas, y Amnistía Internacional pide al nuevo gobierno estadounidense que plasme su firma una vez que tome posesión de la Casa Blanca”, ha manifestado Brian Wood, responsable de investigación sobre control de armas de Amnistía Internacional.

Durante más de 40 años, las bombas de racimo han matado y herido a personas inocentes, y han causado un sufrimiento, unas pérdidas y unas privaciones incalculables a miles de personas en más de 20 países. Estas armas causan la muerte y lesiones a civiles no sólo durante los ataques, sino también durante años después de ser lanzadas, a causa de la contaminación mortal que provocan cuando no detonan en el momento del impacto.

Estas armas causaron en Irak en 2003 y en Kosovo en 1999 más bajas civiles que cualquier otro sistema de armamento. Su uso masivo por parte de Israel en Líbano en agosto de 2006 mató a más de 200 civiles en el año siguiente al alto el fuego. En Líbano, además de municiones de racimo estadounidenses, también se encontraron municiones de racimo de cohetes chinos tipo 81 de 122 mm, y submuniciones MZD-2 de esos mismos cohetes.

Una munición de racimo es un arma compuesta por múltiples submuniciones explosivas que se liberan de un recipiente. Las bombas de racimo dificultan la reconstrucción y la rehabilitación después del conflicto, y el peligroso trabajo de eliminarlas absorbe fondos que podrían dedicarse a otras necesidades humanitarias urgentes. El aspecto y el tamaño de estas bombas las hace especialmente atractivas, pues parecen juguetes. Se calcula que el 60 por ciento de las bajas civiles son niños y niñas.

“Amnistía Internacional cree que, aunque el nuevo tratado no es perfecto, permitirá a los Estados reducir considerablemente el peligro de muertes y lesiones de civiles en situaciones de conflicto y postconflicto”, ha manifestado Brian Wood.

La ceremonia oficial concluirá con un discurso de Richard Moyes, de la Coalición sobre Municiones de Racimo, una clara señal de la importancia que ha tenido la participación de la sociedad civil para conseguir esta victoria.

Sudáfrica se compromete a hacer del VIH y el sida una prioridad

Mon, 01 Dec 2008 10:41:50 +0000

Como conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se celebra el lunes 1 de diciembre de 2008, Amnistía Internacional ha aplaudido el cambio de orientación de la respuesta del gobierno sudafricano a la epidemia de VIH que azota el país.

Sudáfrica tiene la tasa de seropositivos más alta del mundo. La ausencia de un liderazgo político en este aspecto ha sido uno de los principales obstáculos para lograr que las personas que viven con el VIH y el sida tengan derecho a un acceso no discriminatorio a los servicios de salud.

Sin embargo, la recién designada ministra de Salud sudafricana, Barbara Hogan, ha afirmado su determinación de fortalecer la respuesta del sistema de atención médica a la epidemia.

En octubre declaró: “Junto con todos nuestros socios del Consejo Nacional del Sida de Sudáfrica [...] el país se compromete a poner en práctica el Plan Estratégico Nacional para el VIH y el Sida”.

La ministra manifestó que el compromiso incluye reducir a la mitad la tasa de nuevas infecciones a lo largo de los tres próximos años, pero advirtió: “Tenemos que organizarnos y actuar con urgencia”.

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, se han organizado en Sudáfrica una serie de actos para lanzar una campaña unida destinada a hacer frente a las nuevas infecciones de VIH y las muertes relacionadas con el VIH y la tuberculosis.

Esta colaboración, encabezada por el Consejo Nacional del Sida de Sudáfrica y en la que participan dirigentes gubernamentales y representantes de empresas, sindicatos, iglesias y una amplia diversidad de organizaciones de la sociedad civil, ilustra un renovado compromiso de avanzar en la lucha contra el VIH y el sida.

Amnistía Internacional ha presentado recientemente sus recomendaciones a la ministra de Salud para abordar algunas de las necesidades acuciantes de un grupo especialmente vulnerable de Sudáfrica: las mujeres rurales que viven con el VIH y sufren violaciones de sus derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Estas recomendaciones forman parte de un informe que Amnistía Internacional publicó en marzo de este año titulado “I am at the lowest end of all” – Rural women living with HIV face human rights abuses in South Africa.

En él se documenta el impacto que la discriminación de género, incluidas la violencia y la marginación económica, tiene sobre las vidas de las mujeres rurales que viven con el VIH. El informe explora cómo estos factores actúan como barrera para la capacidad de las mujeres de hacer realidad su derecho al máximo nivel de salud posible.

El informe reconoce además el amplio trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil y los profesionales de la salud para promover y proteger los derechos humanos de las personas afectadas por el VIH y el sida en Sudáfrica.

Amnistía Internacional ha manifestado su confianza en que los renovados esfuerzos del gobierno sudafricano conduzcan a la realización del derecho a la salud, la vida y la dignidad de todas las personas afectadas por la epidemia.